Por Leonardo Gottems, corresponsal de Agropages
Marcelo Bressan, auditor fiscal agropecuario federal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA), declaró que el uso de productos agroquímicos a base de 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) pronto será restringido en Brasil.Hizo esta declaración durante su discurso inaugural en la 37.ª Reunión de Investigación de la Soja, organizada por Embrapa en Londrina, Paraná.
«En cuanto a las restricciones del uso del 2,4-D, los asuntos más importantes son crear una barrera para que el trabajador no pueda preparar y aplicar el producto mientras conduce un tractor, el establecimiento de una franja de 10 metros entre la plantación y su borde donde no pueda aplicarse el plaguicida, así como una distancia de 500 metros de los edificios. Las restricciones también obligan a los agricultores a impedir la contaminación no controlada fuera de las zonas cultivadas por los equipos utilizados para dispersar el producto», explicó.
El herbicida 2,4-D es el segundo producto más aplicado en la soja brasileña, solo por detrás del glifosato, y ambos son la base del sistema de siembra directa ampliamente utilizado en el país. El estado de Rio Grande do Sul, uno de los mayores productores de soja de Brasil, ya está restringiendo el uso del 2,4-D por varios casos de contaminación fuera de los límites de los cultivos.
El primer requisito de las nuevas restricciones se refiere a las condiciones de aplicación y al conocimiento de los posibles riesgos y responsabilidades, como las condiciones meteorológicas, la hora, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, y el equipo adecuado. El segundo exige a los agricultores registrar a los aplicadores y explicar la información sobre sus aplicaciones y los posibles riesgos.
También se propone que las empresas creen un fondo de 1,5 millones de USD para mitigar los posibles daños causados por los herbicidas. El presupuesto del fondo también podría utilizarse para modernizar las estaciones meteorológicas del estado, recoger residuos de 2,4-D y facilitar el seguimiento de los productos.
Bressan defendió que el sistema de control de agroquímicos establecido por la legislación brasileña en 1989 es complejo y tiene numerosas regulaciones y normas, para garantizar la calidad de los agroquímicos disponibles para la agricultura nacional, lograr una agricultura sostenible y asegurar la seguridad y la competitividad.
Según una encuesta del MAPA, actualmente hay registrados 2.053 productos para el control de problemas fitosanitarios de la soja, junto con 155 plaguicidas biológicos clasificados como de baja toxicidad o mínimo riesgo ambiental. «Es importante señalar que el número de plaguicidas biológicos registrados en los últimos cuatro años se ha más que triplicado en comparación con los cuatro años anteriores», subrayó Bressan.
«La legislación es compleja por los posibles riesgos de los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente, causados por sus características toxicológicas y ecotoxicológicas. Además de la participación del Estado en la regulación de los plaguicidas, también es importante la participación de la sociedad en los debates, dividida entre la necesidad de más alimentos y la idea de prohibir el uso de plaguicidas en los cultivos», añadió.
De cara al futuro, Bressan destacó algunos cambios propuestos en la nueva ley de agroquímicos, que el Parlamento Nacional debate bajo el Proyecto de Ley 6.299.
«El uso futuro de agroquímicos en los cultivos de soja, con o sin la aprobación de la nueva ley, exigirá retos que la investigación deberá abordar. Los investigadores y productores de soja que hagan las recomendaciones adecuadas tendrán que ayudar a realizar las mejoras que la sociedad necesita, lo que implicará una mayor producción de alimentos y riqueza para el país, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud», concluyó.